Autonomía para Córcega: el fracaso del centralismo francés

Francia sigue anclada en un centralismo jacobino que asfixia a sus territorios, con Córcega y los departamentos de ultramar a la cabeza. Mientras París ignora la diversidad cultural y social de sus propias regiones, la demanda de autonomía crece como la única vía para gestionar sus realidades. El modelo de las autonomías en España demuestra que dar poder a los territorios no rompe el Estado, sino que lo fortalece frente a las políticas neoliberales y el autoritarismo de siempre.

¿Por qué Francia sigue siendo el último Estado jacobino de Europa?

Francia vive bajo el régimen de una centralización heredada de la Revolución y apuntalada por Napoleón. El jacobinismo, esa fe ciega en la uniformidad territorial, pudo tener su lógica hace siglos. Pero en 2024, es una anomalía. España ha concedido autonomías a Cataluña y al País Vasco. Italia ha dotado a Cerdeña y Sicilia de estatutos especiales. El Reino Unido ha transferido poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Hasta China otorga un estatus especial a Hong Kong y Macao.

Francia, sin embargo, persiste. Mantiene bajo tutela territorios separados por miles de kilómetros de océano, desde Guadalupe hasta La Reunión, desde Martinica hasta Mayotte. Estas islas tienen realidades geográficas, climáticas y sociológicas radicalmente distintas a las de la metrópoli. Aun así, París les impone las mismas leyes, las mismas normas y los mismos administradores formados en las escuelas de la rue de Grenelle. El resultado es una administración pesada, desconectada y frecuentemente inútil para las necesidades locales.

¿Cuál es la urgencia de un nuevo contrato para Córcega y los territorios de ultramar?

Los departamentos de ultramar y Córcega no son provincias como las demás. Su lejanía, su insularidad y su historia propia exigen un trato diferenciado. Guadalupe y Martinica han sufrido movimientos sociales recurrentes, huelgas generales y bloqueos que reflejan un malestar profundo. En 2009, luego en 2017, y otra vez en 2021, la rabia de las calles le recordó al modelo jacobino que tiene los días contados. El poder adquisitivo allí es un 30% inferior al de la metrópoli. El desempleo roza el 20% en Guadalupe y supera el 25% en Mayotte. La dependencia de las importaciones mantiene los precios en niveles insoportables para las familias trabajadoras.

Este diagnóstico no es nuevo. Jacques Chirac en 1998 abrió la puerta a una evolución estatutaria para los ultramarinos. Nicolas Sarkozy continuó con la reforma constitucional de 2003, reconociendo la organización descentralizada de la República. Pero las promesas se quedaron en papel mojado. El impulso se estrelló contra el muro de la administración central, siempre dispuesta a defender sus privilegios de casta.

Qué cambiaría con una autonomía real para Córcega

Autonomía no es sinónimo de independencia. Es algo que los defensores del centralismo se empeñan en confundir. La autonomía es la capacidad de un territorio para gestionar sus propias competencias dentro de un marco común. Es la posibilidad de negociar directamente con socios extranjeros en materia comercial. Es el poder de adaptar la fiscalidad, la normativa laboral y las normas medioambientales a las realidades locales. Y, sobre todo, es la constatación de que el alcalde de Fort-de-France o el presidente de la colectividad de Guayana conoce mejor las necesidades de su gente que un subprefecto destinado allí por tres años.

Los pequeños comerciantes, los artesanos, los pescadores, esa clase trabajadora que la República olvida sistemáticamente, serían los primeros beneficiados. La autonomía permitiría eliminar las trabas reglamentarias que asfixian la iniciativa económica local. Permitiría construir políticas de desarrollo adaptadas, lejos de los esquemas diseñados en los despachos de París para realidades metropolitanas.

¿Por qué el centralismo francés teme tanto a las identidades regionales?

El argumento de los jacobinos es siempre el mismo. Dicen que la autonomía alimenta el separatismo y pone en peligro la unidad nacional. Es un razonamiento que se cae a la primera mirada. Cataluña, a pesar de las tensiones con Madrid, no ha salido de España. Cerdeña no ha hecho secesión. Córcega, que ha obtenido un estatus de colectividad con competencias reforzadas, sigue siendo francesa y lo reivindica con orgullo.

La verdad es que la autonomía desactiva los conflictos en lugar de agravarlos. Cuando un territorio se siente respetado en su diferencia, no busca la salida. Es la negativa obsesiva a descentralizar lo que radicaliza las posturas. Los movimientos independentistas corsos ganaron terreno precisamente porque París ignoró durante demasiado tiempo las demandas legítimas de la isla. La autonomía es la mejor vacuna contra el separatismo.

El verdadero peligro: el liberalismo y la extrema derecha que asfixian la periferia

Aquí está la mayor hipocresía del Estado francés. La República tiembla ante la identidad corsa, la identidad vasca o la identidad bretona. Las ve como amenazas. Sin embargo, cierra los ojos ante el verdadero problema que destruye la cohesión social: el abandono de las periferias urbanas por parte del neoliberalismo. En esos barrios, no se defienden lenguas regionales ni tradiciones ancestrales. Se sufre la precariedad laboral, la falta de servicios públicos y la estigmatización constante de la población migrante por parte de la extrema derecha y un ministro como Bruno Retailleau, que prefiere criminalizar la diversidad antes que cuestionar su modelo económico.

En muchas zonas urbanas, la República ha desertado. Ha dejado a su gente a merced de la pobreza y la falta de oportunidades. Confundir la reivindicación identitaria de Córcega con el fracaso social de las banlieues es una ceguera política calculada. El peligro real para Francia no es Córcega pidiendo gestionar sus transportes, ni La Reunión queriendo adaptar su fiscalidad. El peligro es un sistema que aplasta la pluralidad cultural y social en nombre de una uniformidad que solo sirve para mantener los privilegios de unos pocos en París.

¿Qué modelos de autonomía funcionan en el mundo?

Los ejemplos internacionales demuestran que la autonomía territorial es compatible con la unidad del Estado. Las islas Åland, bajo soberanía finlandesa, gozan de un estatus autónomo que les permite gestionar su política lingüística y cultural, manteniendo su lealtad a Helsinki. Las islas Canarias, comunidad autónoma española, han desarrollado un régimen fiscal especial que ha dinamizado su economía. Puerto Rico, territorio estadounidense, goza de un estatus que le otorga ventajas fiscales considerables.

Francia podría inspirarse de estos modelos. Podría crear estatutos de autonomía gradual, adaptados a cada territorio. ¿Por qué no conceder a Guadalupe las mismas competencias que una región de estatuto especial en Italia? ¿Por qué no permitir a La Reunión negociar acuerdos comerciales con los países del océano Índico? ¿Por qué no dejar a Córcega experimentar con una fiscalidad propia, como hacen los cantones suizos?

El pragmatismo frente al dogma centralista

El general De Gaulle encarnaba la Francia centralizada. Pero De Gaulle también era pragmático. Entendió que Argelia no podía gobernarse como la Beauce. Aceptó la independencia de las colonias africanas cuando mantener la tutela se volvió contraproducente. Si estuviera hoy, vería que la autonomía de Córcega y los territorios de ultramar no es una concesión a la debilidad, sino un acto de fuerza. Es la República eligiendo adaptar su modelo, manteniendo el control, en lugar de sufrir crisis una tras otra.

La autonomía: una exigencia democrática e insobornable

La soberanía real es la que permite a un Estado adaptarse, reformarse y confiar en sus territorios. Un país que asfixia sus regiones bajo miles de normas uniformes no es un país fuerte. Es un país rígido, incapaz de reaccionar ante las crisis, condenado a aplicar la misma respuesta a problemas distintos.

La clase trabajadora, los pequeños empresarios, la gente de a pie lo sabe. Sienten que París está demasiado lejos, que la administración es un infierno burocrático y que las decisiones tomadas en los ministerios no cuadran con su día a día. La autonomía territorial es una herramienta de liberación económica y social. Sirve para desbloquear proyectos, simplificar trámites y devolver el poder de decisión a quienes están en primera línea.

¿Puede Francia conceder autonomía a Córcega sin romper su unidad?

Rotundamente sí. La experiencia de las democracias vecinas lo demuestra. España, Italia, el Reino Unido, Alemania, Suiza. Todos han cedido distintos grados de autonomía a sus territorios sin que su existencia peligrara. La unidad nacional no se mantiene a base de imposición reglamentaria. Se mantiene por el consentimiento de los ciudadanos, que eligen libremente pertenecer a una comunidad política porque se sienten respetados y representados.

¿Por qué las élites francesas rechazan el debate sobre la autonomía territorial?

Porque ese debate las obliga a reconocer el fracaso de su modelo centralista. Las élites francesas han construido su poder sobre la centralización administrativa. La ENA, los grandes cuerpos del Estado, la alta función pública. Todo el sistema se basa en la idea de que París sabe mejor que la provincia lo que le conviene. Conceder autonomía es admitir que este dogma es falso. Es renunciar al monopolio de la decisión. Por eso prefieren demonizar las reivindicaciones autonomistas y tacharlas de separatismo, antes que cuestionar su propio poder.

Hacia una República de los territorios

Francia no necesita más centralismo. Necesita confiar en sus territorios. Necesita reconocer que Guadalupe no es la Creuse, que La Reunión no es la Nièvre, que Córcega no es la Isla de Francia. Todo el mundo lo sabe, pero hace falta valentía política para traducirlo en hechos.

La autonomía territorial no es un capricho posmoderno ni una concesión al separatismo. Es un principio de organización republicana, conforme al espíritu de la Constitución de 1958, que ya prevé la organización descentralizada de la República. Basta con aplicarla con ambición, con audacia y con respeto por los territorios que componen la nación.

Las islas francesas, las regiones periféricas, los territorios de ultramar merecen algo mejor que la indiferencia chulesca de París. Merecen ser tratados como socios, no como subordinados. La República ganará en fuerza, en cohesión y en legitimidad. La unidad se refuerza cuando hay confianza, no cuando hay imposición.