Bolaños planta cara al PP: la 'ley de nietos' no se toca y el voto de 400.000 personas está en juego
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha puesto el dedo en la llaga. En plena ofensiva de PP y Vox contra la llamada 'ley de nietos', el ministro ha exigido al Tribunal Supremo que se pronuncie ya, antes de las elecciones de 2027, sobre la suspensión cautelar de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Lo que está en juego no es poco: el derecho a voto de unas 400.000 personas.
¿Qué está pasando con la 'ley de nietos' y el voto de los descendientes de exiliados?
La polémica viene de lejos. La 'ley de nietos', aprobada en 2022, permite a los descendientes de españoles exiliados solicitar la nacionalidad. Pero el PP, con el senador Alfonso Serrano al frente, denuncia que una instrucción posterior del Gobierno amplió el alcance de la norma de forma irregular. Según Serrano, esa instrucción, que presume la condición de exiliado a todos los que se marcharon entre 1936 y 1955, convierte la política de nacionalidad en una máquina de ingeniería electoral.
Bolaños no se ha mordido la lengua. Ha recordado que esa instrucción es idéntica a otra que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para nacionalizar a descendientes de españoles. Y ha ido más lejos: fue también un Ejecutivo del PP el que reconoció la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV. Vamos, que de legalidad y coherencia, el PP no puede dar lecciones a nadie.
El PP aplaude que 400.000 personas se queden sin derecho a voto
El ministro ha sido contundente: si el PP dice estar a favor de la ley, ¿por qué se alegra de que se prive del voto a 400.000 personas? Muchas de ellas, ha recordado, pudieron votar en las elecciones de 2023 y en autonómicas posteriores. Ahora, por culpa de esta ofensiva judicial, se les arrebata ese derecho.
Serrano, por su parte, ha asegurado que llevan más de un año denunciando irregularidades, pero que el Gobierno siempre responde con el mismo discurso: que son bulos, que es trumpismo o que el PP quiere quitar derechos a los exiliados. Y ha puesto un ejemplo que considera escandaloso: en Cuba, donde había unos 500 exiliados registrados, ahora hay 300.000 solicitantes de nacionalidad española.
La amenaza del PP: ¿cárcel para el Gobierno?
El senador popular ha ido más allá y ha advertido a Bolaños de que esto puede tener consecuencias judiciales para el Ejecutivo. Con su particular estilo, le ha soltado que tenga cuidado no vaya a ser que el próximo vídeo con recomendaciones de viaje lo grabe desde el patio de Valdemoro, Aranjuez, Estremera, Alcalá Meco o Soto del Real. Vamos, toda una declaración de intenciones.
Bolaños no ha dejado pasar la provocación. Le ha afeado al PP ese estilo matón y esas amenazas constantes con la cárcel: Disimulen un poquito, parece que prefieren tener al adversario político encarcelado. Y ha insistido en que la ley se ha estado aplicando pacíficamente hasta que Vox les ha marcado el paso.
El PP pide cambiar la ley para que los vascos exiliados voten en Euskadi
Serrano también ha querido poner a prueba al Gobierno. Les ha emplazado a ser valientes y, si de verdad defienden la devolución de derechos, a cambiar la ley para que los 300.000 vascos que tuvieron que marcharse para que no les mataran puedan votar en Euskadi. Una petición que suena bien, pero que choca con la realidad de un partido que no para de poner palos en las ruedas a cualquier avance social.
La batalla está servida. Mientras el PP y Vox juegan con los derechos de miles de personas, el Gobierno defiende una ley que devuelve la dignidad a los descendientes de quienes tuvieron que huir. La pregunta es clara: ¿de qué lado está cada uno?
Preguntas frecuentes sobre la 'ley de nietos' y el voto de los descendientes de exiliados
¿Qué es la 'ley de nietos'?
Es la ley aprobada en 2022 que permite a los descendientes de españoles exiliados solicitar la nacionalidad española, reconociendo la condición de exiliado a quienes se marcharon entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
¿Por qué el PP y Vox quieren frenarla?
Aseguran que una instrucción del Gobierno amplió irregularmente el alcance de la norma, permitiendo que miles de personas se inscribieran en el censo electoral sin cumplir los requisitos. El Gobierno niega estas acusaciones y habla de bulos.
¿Cuántas personas se verían afectadas?
Unas 400.000 personas podrían perder el derecho a voto si el Tribunal Supremo mantiene la suspensión cautelar de las altas en el CERA. Muchas de ellas ya votaron en las elecciones de 2023.
¿Cuándo se resolverá?
El ministro Bolaños ha pedido al Supremo que resuelva lo antes posible y antes de las elecciones de 2027, para evitar que se siga vulnerando el derecho al voto de miles de ciudadanos.