Desahucian a Maricarmen, 87 años, en silla de ruedas: la vergüenza que el sistema prefiere ignorar

El ruido de la radial rompiendo la cerradura. La policía entrando en la casa, sorteando una barricada improvisada: un sofá, una lámpara, una estantería, algunas cajas. Los enseres de toda una vida, reciclados como última defensa. El antidisturbios de armadura negra que se acerca a Maricarmen, en silla de ruedas, y le explica: “Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos y estamos contigo, ¿vale?, pero tenemos que hacer nuestro trabajo”. “Pero ¿por qué?”, responde la anciana mientras lo mira a los ojos, la única parte visible del rostro del policía bajo el casco. Ella tiene 87 años, lleva décadas en esa misma casa; la sacan en una camilla. Un “lanzamiento” es el nombre técnico. Suena aún más inhumano que un desahucio.

¿Por qué una jueza que le dio la razón acabó firmando su desahucio?

Las sentencias no caen desde el cielo. Tampoco bajan de un monte sagrado, esculpidas en dos tablas. Son interpretaciones humanas, en las que en ocasiones existen distintos puntos de vista, como ocurrió en este caso. El primer juzgado que sentenció sobre el piso de Maricarmen desestimó el desahucio: le dio la razón a ella. Había argumentos legales para defender su derecho a quedarse.

El contrato de alquiler de su casa viene del siglo pasado. Lo firmó su padre en 1956. A su muerte, en 1960, su madre heredó el contrato. El 19 de noviembre de 2005 murió la madre y Maricarmen comunicó a los dueños que se subrogaba en ese contrato de alquiler con esas mismas condiciones. En aquel momento nadie le puso pega alguna. Siguió siendo así durante más de una década.

En marzo de 2018, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación, una inmobiliaria que cotiza en Bolsa. Esta empresa tampoco pleiteó contra Maricarmen ni cuestionó su contrato de alquiler. A los tres meses de comprar el edificio, Renta Corporación vendió su piso por 247.000 euros, un precio bajo para esa zona de Madrid. Era tan barato porque “tenía bicho”, que es como llaman a los inmuebles con inquilino en el siniestro argot inmobiliario.

El comprador fue Urbagestión, un pequeño fondo que se ha querellado contra el Sindicato de Inquilinas por llamarlo “buitre”. Incluso con un alquiler de 500 euros al mes, lo que pagaba Maricarmen según su defensa, el piso era un buen negocio porque a su muerte podrían vender un inmueble que hoy ya vale más del triple. A largo plazo, el piso era un chollazo. Pero la plusvalía se disparaba si lograban desahuciar a Maricarmen o subirle brutalmente el alquiler.

No perdieron el tiempo: a los dos meses y medio de firmar la compra, ya le estaban exigiendo papeles a través de burofax. Según el Sindicato de Inquilinas, le pidieron una subida del alquiler: primero 1.650 y después 2.650 euros, mucho más de lo que Maricarmen cobra de pensión.

La telaraña judicial que atrapó a una anciana

En 2020, Urbagestión fue a los tribunales y perdió. En enero de 2022, la jueza Elena Cortina Blanco, del Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid, desestimó la demanda. Su argumento: durante trece años, los dueños habían aceptado a Maricarmen como inquilina con esas condiciones. En todo ese tiempo, en ningún momento cuestionaron la subrogación. Es lo que en derecho se llama la “teoría de los actos propios”. Era un argumento razonable.

Pero Urbagestión recurrió, y el siguiente tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, le quitó la razón a Maricarmen en junio de 2022. ¿Su interpretación? Que la subrogación no podía prolongar el contrato durante toda la vida de Maricarmen: este había quedado extinguido en 2007, dos años después de la muerte de su madre. Para la Audiencia, que Urbagestión nunca hubiera dado por vitalicio el contrato era suficiente. Pero la voluntad que aquí cuenta es la del propietario anterior: los caseros que durante más de una década aceptaron que el contrato estaba protegido como una renta antigua; los que después vendieron el piso a bajo precio al entender que esta era la situación. Cuesta entender que el nuevo comprador tenga más derechos sobre esa vivienda que quien se la vendió.

La abogada de Maricarmen recurrió esa segunda sentencia ante el Supremo. Ni siquiera entraron a estudiar el caso. En diciembre de 2023 la Sala de lo Civil inadmitió su recurso porque “carece manifiestamente de fundamento” y le impuso las costas. El ponente de esa decisión fue Francisco Marín Castán, entonces presidente en funciones del Supremo. Es un auto, ni siquiera una sentencia. El desahucio de Maricarmen se ventiló con apenas cuatro folios. Es el mismo Tribunal Supremo que tan imaginativo se pone cuando interpreta la supuesta malversación de los independentistas para incumplir la ley de amnistía. Con otros asuntos, su rigor con la letra de la ley es implacable.

Tras la decisión del Supremo, el caso volvió al juzgado de primera instancia número 90 de Madrid. La orden de desahucio está firmada por Elena Cortina Blanco, la misma jueza que dio a Maricarmen la razón en su primera sentencia de 2022. El relator de la ONU para Vivienda asegura que esta jueza “debería haber parado” el desahucio. Pero este tipo de peticiones de la ONU no son vinculantes ante los juzgados españoles.

¿Qué dice la ley sobre la renta antigua y los desahucios?

En 1994, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó una ley para extinguir poco a poco la renta antigua, los contratos de alquiler vitalicios anteriores a 1985, como el del piso de Maricarmen, sin desalojar de golpe a miles de personas. Esa ley blindaba esos contratos hasta el fallecimiento del inquilino que los firmó. También daba derecho a subrogarse de forma vitalicia a las viudas: a los cónyuges de los titulares del alquiler. E incluso a los hijos que vivieran en la casa en dos supuestos: si tenían una discapacidad de al menos el 65% o si tenían más de 65 años, siempre y cuando esa subrogación llegara antes del 1 de enero de 2005. Si no se cumplía ninguna de estas dos condiciones, los hijos podían prolongar la renta antigua, pero solo durante dos años.

Maricarmen no entró en ninguno de estos supuestos para una prórroga vitalicia por quince puntos o diez meses. Quince puntos, porque tiene una discapacidad de “solo” el 50%. Diez meses, porque su madre murió en noviembre de 2005, poco después de terminar ese plazo transitorio que establecía la ley.

Hubo una segunda ley que también falló a Maricarmen: el decreto antidesahucios. Desde la pandemia, una moratoria permitía a los jueces suspender el lanzamiento de personas vulnerables sin alternativa habitacional. No anulaba la posible deuda ni expropiaba la vivienda. Solo aplazaba el desahucio hasta que los servicios sociales pudieran ofrecer una solución. Esa protección decayó en febrero de 2026.

El Gobierno, por la presión de Sumar, porque el PSOE no estaba por la labor, intentó prorrogarla. El Congreso tumbó el decreto con los votos del PP, Vox y Junts. Era la segunda vez en apenas un mes que esa misma mayoría rechazaba el escudo social. En julio, PSOE y Sumar anunciaron que preparaban una nueva norma que protegería a personas vulnerables como Maricarmen, incluso cuando ya existiera una sentencia firme. Ese nuevo decreto antidesahucios probablemente llegará el martes al Consejo de Ministros. De manera urgente, tras la conmoción social de esta semana. Demasiado tarde para Maricarmen.

¿Dónde está la responsabilidad política en la vivienda?

“Pero ¿por qué?” Hay una respuesta legal, toda una construcción jurídica que permite explicar qué ha fallado para que una anciana de 87 años en silla de ruedas sea desahuciada de su casa. Lo que no hay es una respuesta ética.

De un lado, un fondo que busca el máximo beneficio de una inversión ya de por sí rentable y que se niega incluso a aceptar las ofertas de varias personas e instituciones que se ofrecen a pagar ese elevado alquiler que exigían. Del otro, una anciana indefensa. Es difícil encontrar en la sociedad a alguien que no empatice con la situación de Maricarmen. Es difícil pero no imposible, como demuestran algunos programas de televisión.

Tampoco ha mostrado empatía alguna la presidenta de la administración pública que tiene las competencias en vivienda, la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso está más pendiente de otro tipo de casas: de ese ático de seis millones para “residencia de autoridades”. Ni el Ayuntamiento de Madrid, que solo ha empezado a moverse para buscar soluciones cuando Maricarmen copaba las portadas de todos los periódicos. Es coherente con la política de vivienda pública del PP de Madrid, que tiene entre sus hitos vender a un fondo buitre buena parte de su vivienda social.

Pero la pregunta sigue siendo otra, una que trasciende a Maricarmen. ¿Por qué el derecho a una vivienda digna no está garantizado en España? ¿Por qué “los poderes públicos” han hecho tan poco por “impedir la especulación”, como manda la Constitución? ¿Por qué aceptamos que un derecho básico, como es la vivienda, se convierta en una inversión más?

Esta pregunta, este debate, es hoy el principal problema español. Un desastre que el PSOE ha afrontado tarde y mal, empujado por sus socios de izquierda, atrapado por un parlamento sin mayoría progresista y sin las competencias necesarias, que están en las autonomías. Es también una tragedia que el PP y Vox jamás solucionarán, porque ni siquiera aceptan que el mercado sea parte del problema.

P. D. La descripción del desahucio de Maricarmen y el diálogo con el antidisturbios salen de este impresionante reportaje de Andrea Ropero para El Intermedio.