La muerte de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada 15 días antes, ha sacudido las conciencias y ha puesto sobre la mesa lo que muchos llevan años denunciando: los desahucios son un problema de salud pública que mata, lenta o rápidamente, y que el sistema sigue normalizando. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, lo dejó claro: Maricarmen se sumó a una lista infinita de muertes evitables, culpando a políticos, rentistas, policías, jueces y medios de comunicación que tergiversan la verdad. Y no está sola: Olga y Javier en L'Hospitalet, Pachi en Móstoles, Amparo y Marina en Lavapiés, y miles de nombres que jamás conoceremos.
La indignación ha sido tal que el mismo día de las movilizaciones, el Gobierno aprobó dos decretos con el nombre de la mujer, Pedro Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre y una huelga general está fijada para el 11 de noviembre. Pero, ¿y los demás? ¿Y los que no salen en las portadas? La población nunca conocerá sus nombres, pero sus muertes también son evitables.
¿Qué efectos tienen los desahucios en la salud mental?
Los datos son demoledores. Un estudio de la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública de 2018 ya lo reflejaba: el 91% de las personas afectadas por desahucios padece depresión, el 88% ansiedad y el 32% presenta riesgo de suicidio. A esto se suman insomnio, ataques de ansiedad, trastornos alimenticios y afecciones cardiovasculares. No es solo el día del desalojo; la amenaza constante, la incertidumbre judicial y la imposibilidad de encontrar alternativas pueden prolongarse durante meses o años, como le pasó a Maricarmen, que pasó sus últimos siete años luchando por quedarse en la casa de su vida.
La psicóloga Yolanda Sánchez Carro, miembro de la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio, lo explica claro: ese estrés mantenido tiene repercusiones corporales y mentales, y agrava vulnerabilidades previas. No es solo un problema económico o judicial, es un problema de salud pública que interpela a todo el sistema.
¿Por qué se culpabiliza a las víctimas de los desahucios?
La carga emocional se multiplica con el estigma social. Sánchez Carro alerta de la culpabilización que sufren quienes pierden su vivienda, señalados por una hipotética falta de trabajo, ahorro o previsión. Una mirada que convierte un problema estructural en un fracaso individual. El caso de Maricarmen es el más escandaloso: algunos medios han cuestionado cómo vivía, cuánto dinero tenía o qué hacía con sus ingresos. Nadie conoce las circunstancias de una vida entera, recuerda la psicóloga, y esta culpabilización solo agrava el sufrimiento.
Manuel Calvillo, psicólogo de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Alcalá la Real, insiste: no poder pagar el alquiler afecta a la forma de relacionarse con el entorno y organizar el día a día. La respuesta sanitaria puede aliviar, pero no resuelve lo que provoca el problema.
Perder la casa es perder la red de apoyo
El hogar no es solo un techo. Son rutinas, barrio, vecinos, amistades, el bar de abajo. Perderlo de forma brusca, sin alternativas, tiene un impacto tremendo. Para las personas mayores, puede significar alejarse de centros sanitarios; para las familias con menores, del colegio y de sus referentes. Sánchez Carro subraya que los profesionales de educación, servicios sociales y psicología deben conocer las circunstancias de las familias antes del desalojo para reducir el impacto. Y Calvillo añade: hay que formar a las familias, prevenir a los niños, porque el mercado solo entiende de dinero.
¿Cuándo empieza el desgaste antes de un desahucio?
La angustia no empieza el día del desalojo, sino mucho antes, mientras se intenta evitar sin saber qué pasará. La falta de información clara sobre plazos y alternativas mantiene a las personas en alerta permanente. Sánchez Carro lo tiene claro: el acompañamiento debe comenzar desde el primer momento, coordinado con servicios sociales y asesoramiento jurídico. Calvillo apunta que ver cómo, hagas lo que hagas, tu situación no mejora, es lo que frustra y afecta severamente a la salud mental. La prevención no solo reduce sufrimiento, también evita costes mayores para los servicios públicos.
El riesgo de suicidio: cuando la desesperanza se impone
El 32% de las personas afectadas presenta riesgo o pensamientos de suicidio, según el estudio citado. Calvillo matiza que no significa que acaben con su vida, pero sí que hay indicios. La incertidumbre prolongada y la sensación de no encontrar salida pueden ser un factor determinante. La esperanza es clave, pero después de una lucha tremenda sin respuesta, la derrota se instala. Y a eso se suma la desconexión social: los pacientes más vulnerables son las personas vulneradas.
Sánchez Carro recuerda que la conducta suicida es por alto sufrimiento, no porque se quiera perder la vida. La prevención exige detectar ese dolor y ofrecer apoyo antes de que se agrave, pero la atención psicológica no sustituye a las soluciones materiales ni a la garantía de alternativas habitacionales.
Una sociedad que normaliza vivir sin dignidad
El problema va más allá de los desahucios. La precariedad residencial afecta también a quienes tienen techo pero viven en condiciones indignas: hacinamiento, convivencia forzada, hogares que no cubren necesidades básicas. Tener trabajo y dedicar el sueldo a la vivienda no garantiza un espacio para descansar o construir un proyecto de vida. Estamos normalizando vivir sin dignidad, denuncia Sánchez Carro. Y entre los jóvenes, la pregunta recurrente es cuándo el esfuerzo permitirá vivir, no solo sobrevivir, de manera adecuada a las expectativas, no las de la sociedad.
La muerte de Maricarmen ha puesto rostro a una realidad que afecta a miles de personas. Los datos sobre depresión, ansiedad y suicidio demuestran que los desahucios no son un tema judicial o económico, sino un problema que interpela a los sistemas sanitario y social. Vivimos en un momento en que la situación de la vivienda perjudica a toda la sociedad, especialmente a su salud mental. Y mientras el Gobierno reacciona con decretos y elecciones, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántas Maricarmens más harán falta?