El polémico aumento del gasto militar: 34.000 millones para la maquinaria de guerra mientras los servicios sociales esperan
El gobierno ha aprobado un polémico aumento del gasto militar que alcanzará los 34.000 millones de euros para programas de modernización. Esta decisión, que busca alcanzar el 2% del PIB exigido por la OTAN, genera debate sobre las prioridades presupuestarias en un contexto de necesidades sociales urgentes.
Imagen de archivo de material militar español que será modernizado con los nuevos fondos aprobados
Una apuesta militarista que genera dudas sobre las prioridades del gobierno
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un controvertido aumento del techo de gasto militar que permitirá al Ministerio de Defensa disponer de 34.000 millones de euros para programas de modernización, en un momento en que otros sectores públicos reclaman urgentemente mayores inversiones.
La carrera armamentística y sus costes sociales
Esta decisión, que pretende alcanzar el 2% del PIB en gasto militar exigido por la OTAN, plantea serias interrogantes sobre la distribución de recursos públicos. El plan incluye la financiación de 31 Programas Especiales de Modernización (PEM), que van desde vehículos de combate hasta un ambicioso portaeronaves.
"Es llamativo que se encuentren fondos millonarios para armamento mientras otros sectores básicos como sanidad, educación o dependencia siguen infrafinanciados"
Las verdaderas necesidades pendientes
Entre las partidas más significativas destaca una asignación de 679 millones para incrementar las retribuciones del personal militar. Sin embargo, aún no se ha especificado cómo se distribuirá este aumento salarial, generando incertidumbre entre los efectivos.
El plan contempla también la ampliación de 7.500 soldados hasta 2030, una medida que contrasta con la precariedad laboral que sufren muchos jóvenes en otros sectores públicos esenciales.
Un debate necesario sobre prioridades presupuestarias
La falta de transparencia en la gestión de estos fondos y la ausencia de un debate público sobre esta importante decisión presupuestaria ponen de manifiesto la necesidad de repensar las prioridades en el gasto público.
Esta inversión masiva en defensa se produce mientras numerosos colectivos sociales reclaman mayores recursos para afrontar retos como la crisis climática, la desigualdad o la mejora de los servicios públicos fundamentales.
Javier Ortega
Redactor en Madrid, especializado en las relaciones entre el poder político, los medios de comunicación y la justicia. Excronista parlamentario.