España ya no tiene que convencer a Europa: ahora toca construir fábricas y empleo

Las palabras están bien, pero los hechos son mejores. Con esa frase cerró Ursula von der Leyen su discurso sobre el Estado de la Unión, y resume perfectamente el momento que vivimos. Europa ya ha entendido que no puede construir su prosperidad sobre dependencias que no controla, y que necesita energía limpia, electrificar su economía y recuperar capacidad industrial. El diagnóstico está hecho. Ahora toca ejecutar.

Y si hay un país que puede convertir esa nueva ambición europea en fábricas, inversión y empleo, ese es España. Hace unos días en Madrid, en el encuentro Build Clean Now, más de 40 líderes de industria, banca, inversión, sociedad civil y Gobierno se hicieron una pregunta deliberadamente práctica: ¿qué hace falta para convertir nuestra cartera de proyectos industriales limpios en decisiones finales de inversión?

¿Por qué España tiene una oportunidad industrial única?

Lo extraordinario fue lo que ya no hubo que discutir. Nadie necesitó convencer a nadie de que España tiene una oportunidad industrial. Tenemos energía limpia competitiva, una base industrial consolidada, tecnología, talento y una cartera extraordinaria de proyectos. Hace tres años, conseguir ese consenso habría sido una victoria. Hoy es solo el punto de partida.

Mientras seguimos hablando de nuestro potencial, las fábricas tienen que construirse. España cuenta hoy con una de las mayores carteras de proyectos de industria limpia del mundo. Según Cleantech for Iberia, 41 proyectos de industria limpia ya anunciados representan más de 100.000 millones de euros de inversión potencial y millones de toneladas de CO₂ que podrían evitarse cada año. Cuatro han alcanzado ya la decisión final de inversión. El resto espera.

¿Cuál es el verdadero problema: falta de dinero o de seguridad regulatoria?

Y aquí aparece una paradoja que deberíamos tomarnos muy en serio: el principal problema no es que falte dinero. Falta bancabilidad. Y falta seguridad regulatoria. El PERTE de Descarbonización Industrial es un buen ejemplo. El Gobierno ha adjudicado ya 518 millones de euros a 17 proyectos. Hay proyectos maduros, existe demanda para los instrumentos públicos y existe capital privado dispuesto a entrar.

Porque si diagnosticamos un problema de falta de capital, la respuesta será poner más dinero público encima de la mesa. Pero si tenemos un problema de riesgo, la pregunta correcta es otra: ¿Qué impide que entre el capital privado y qué instrumento necesitamos para desbloquearlo?

Puede ser una garantía para una primera planta comercial. Un contrato por diferencia que dé visibilidad a los ingresos. Una señal de demanda que permita cerrar un contrato de compra. O una infraestructura común sin la cual el proyecto industrial simplemente no funciona.

Una planta de captura de carbono puede estar preparada para construirse y, aun así, quedarse parada si no existe la infraestructura que transporte y almacene ese CO₂. Un electrolizador puede ser competitivo y no alcanzar la decisión final de inversión si no existe suficiente certeza sobre quién comprará el hidrógeno. Y una tecnología puede demostrar que funciona y morir justo antes de llegar a escala industrial porque nadie financia el tramo entre la demostración y los primeros ingresos.

Seguimos intentando financiar cadenas industriales como si fueran proyectos aislados. Una fábrica sin comprador no es un proyecto bancable.

¿Quién comprará lo que produzcan las nuevas fábricas?

El segundo gran cuello de botella es la demanda. Hablamos mucho de cómo financiar nuevas fábricas y demasiado poco de quién comprará lo que produzcan. Pero ningún promotor compromete cientos de millones de euros sin suficiente visibilidad sobre sus ingresos futuros. Por eso la compra pública, los contratos a largo plazo, los estándares de producto y determinadas obligaciones regulatorias no son complementos de la política industrial. Son política industrial.

No sirve de mucho subvencionar una fábrica de hidrógeno renovable, acero limpio o combustibles sintéticos si después no existe una señal suficientemente fuerte para comprar lo que esa fábrica produce. Oferta, infraestructura y demanda tienen que avanzar juntas.

¿Qué se está haciendo para acelerar la transición industrial?

Hay otra parte menos visible de la transición que empieza a moverse: la infraestructura y la coordinación administrativa. Este verano, el Gobierno autorizó 17.900 millones de euros adicionales de inversión en redes eléctricas hasta 2030 para facilitar nuevas conexiones de industria, vivienda y transporte electrificado. Es una decisión enormemente relevante: no podemos aspirar a electrificar nuestra industria si una fábrica puede tardar años en conseguir acceso a la electricidad que necesita.

Y durante nuestro encuentro en Madrid se anunció también un nuevo mecanismo interministerial para identificar proyectos estratégicos, facilitar su desarrollo y acelerar su implementación. Puede sonar administrativo. Pero también puede ser la clave para pasar de la ambición compartida a la ejecución conjunta, de proyectos reales esperando convertirse en fábricas reales.

¿Qué necesita España para pasar de la teoría a la práctica?

Por eso no necesitamos seguir demostrando que España tiene potencial. Ese argumento está ganado. Ahora necesitamos permisos que se resuelvan en meses y no en años. Redes que lleguen antes que las fábricas. Demanda que permita firmar contratos. Instrumentos públicos que reduzcan riesgos concretos y movilicen capital privado. Y una Administración capaz de coordinar todas esas piezas proyecto a proyecto.

Y vuelvo a la frase de Von der Leyen: Las palabras están bien, pero los hechos son mejores. España ya ganó el argumento. Ahora toca construir.