Trump instrumentaliza el Supremo para atacar el derecho constitucional a la ciudadanía de hijos de migrantes
El Tribunal Supremo de EE.UU., con una mayoría conservadora moldeada por Trump, ha emitido un polémico fallo que permite al expresidente avanzar en su agenda contra los derechos de ciudadanía de hijos de migrantes. La decisión representa un grave ataque a principios constitucionales fundamentales y derechos humanos.
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde una mayoría conservadora amenaza derechos fundamentales de los migrantes
La extrema derecha estadounidense avanza en su agenda xenófoba con un polémico fallo judicial
En un nuevo episodio que evidencia la degradación democrática en Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha emitido una controvertida sentencia que allana el camino a Donald Trump para negar la ciudadanía a hijos de migrantes nacidos en suelo estadounidense, en lo que constituye un flagrante ataque a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
Un tribunal cada vez más ideologizado
La decisión, aprobada por 6 votos contra 3, lleva la firma de la jueza Amy Coney Barrett, designada por el propio Trump en una maniobra que ya entonces fue denunciada como un intento de controlar ideológicamente el máximo tribunal. El fallo limita la capacidad de los jueces federales para frenar las decisiones ejecutivas antimigratorias.
"Esta es una farsa para el estado de derecho", ha denunciado la jueza progresista Sonia Sotomayor en un contundente voto particular que alerta sobre la creación de un sistema desigual de derechos constitucionales.
La xenofobia institucionalizada
Trump, fiel a su retórica incendiaria, no ha tardado en celebrar lo que considera una "brillante" decisión, anticipando una nueva oleada de medidas represivas contra la población migrante. El magnate pretende reescribir más de un siglo de jurisprudencia constitucional que garantiza la ciudadanía por nacimiento.
Esta ofensiva judicial se produce en un contexto de intensificación de las redadas migratorias y protestas sociales que denuncian la instrumentalización política de las instituciones por parte de la extrema derecha estadounidense.
Las consecuencias para los derechos humanos
La amenaza a los derechos fundamentales es clara: la decisión podría crear una subclase de personas sin acceso pleno a la ciudadanía, vulnerando principios básicos del derecho internacional y los derechos humanos. Las organizaciones pro-migrantes ya han alertado sobre el riesgo de normalizar la discriminación institucional.
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