La sombra de la mochila: la testigo que vio a Torres coger dinero en casa de Jammal
Una asesora y crítica de arte declaró ante la Fiscalía Europea que vio al actual ministro Ángel Víctor Torres recoger una mochila repleta de billetes en el domicilio madrileño del empresario Noel Jammal. El testimonio, prestado en septiembre de 2023, vincula ese supuesto pago con las comisiones generadas por los contratos de material sanitario adjudicados por el Gobierno de Canarias durante la pandemia. Sin embargo, la Fiscalía Europea no ha podido corroborar esta entrega de dinero al entonces presidente autonómico, aunque sí ha confirmado otros muchos hechos denunciados en el caso Damco.
¿Qué contó la testigo sobre la entrega de dinero a Torres?
La denunciante, que llegó a tener condición de testigo protegido, aseguró que presenció la escena por accidente. Ocurrió a principios de otoño de 2020, en un inmueble de la Avenida de Carondelet, en Madrid. Según su relato, cruzó la planta baja para ir al baño y vio, en un despacho, a Jammal, a Torres y a otras dos personas que no pudo identificar. El entonces presidente canario recogió una mochila oscura que estaba abierta y en la que la testigo vio un gran fajo de billetes.
La declaración incluyó detalles sobre la vivienda que después corroboró la UDEF, como la existencia de una cámara acorazada donde Jammal guardaba dinero y armas. La testigo también entregó documentación, un listado de sociedades y ayudó a que otros denunciantes se adhirieran a la causa. Su información fue clave para localizar dinero de las comisiones en cuentas de Reino Unido y Sudáfrica.
¿Por qué la Fiscalía Europea no ha corroborado el pago?
A pesar del detalle del relato, la Fiscalía Europea no ha encontrado más pruebas de esa supuesta entrega de dinero a Torres. Eso no ha impedido que la investigación continúe. Noel Jammal y el exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, siguen imputados. También están investigados Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del Gobierno de Canarias; Lucas Bravo de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria; y los empresarios Miguel Ángel Ramírez y Christian Cerpa.
El caso Damco: 23,9 millones en contratos bajo sospecha
La causa investiga las compras de material sanitario realizadas por el SCS en plena crisis del Covid. El foco está en Damco Trading Services y Tanoja Services, administradas por Jammal. Entre 2020 y 2021 recibieron 13 adjudicaciones por valor de 23.927.610 euros para suministrar mascarillas, guantes, batas, pruebas rápidas, hisopos y jeringas. Parte de esos fondos procedían del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, lo que dio competencia a la Fiscalía Europea.
La investigación arrancó tras una inspección de la Agencia Tributaria que detectó posibles desajustes entre el dinero abonado, los servicios declarados y el material entregado. La Fiscalía cifró inicialmente las cantidades cuestionadas entre 9 y 10 millones de euros. El dinero habría pasado de las empresas de Jammal a Tabaiba Capital, la sociedad de Miguel Ángel Ramírez, y de ahí a B&M Sport Marketing, de Bravo de Laguna. Los investigadores intentan determinar si esos servicios fueron reales o si encubrieron comisiones y desvíos de fondos.
¿Qué papel jugó Tabaiba Capital en el entramado?
La Fiscalía sostiene que Tabaiba Capital actuó como intermediaria entre las compañías de Jammal y el mercado canario. El contrato le atribuía la búsqueda de clientes y la asistencia en la venta de productos sanitarios a cambio del 100% del sobreprecio que obtuviera de los compradores. Las transferencias de las empresas de Jammal a Tabaiba alcanzaron unos 9,1 millones de euros, con beneficios netos conjuntos de 6,76 millones durante 2020 y 2021.
Torres niega haber cobrado comisiones
El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha negado tajantemente haber cobrado o reclamado comisiones. En noviembre de 2024, ante la comisión de investigación del Senado, sentenció:
Si alguien es capaz de demostrar que yo he pedido un solo euro en mi larga carrera política, lo dejaría.Torres añadió que actuaría contra quienes difundieran acusaciones que considerase difamatorias.
El historial sanitario de Torres: otros tres casos bajo sospecha
El caso Damco no es el único episodio que ha puesto en entredicho la gestión del material sanitario del Gobierno de Canarias bajo la presidencia de Torres. En el caso RR7 United, el SCS adelantó cuatro millones de euros por un millón de mascarillas FFP3 que resultaron falsas. La empresa, sin experiencia sanitaria, entregó cerca de 900.000 unidades que acabaron destruidas. Pese al incumplimiento, el entonces director del SCS, Conrado Domínguez, autorizó modificar el contrato.
El caso Koldo afecta a más de 12,3 millones adjudicados a Soluciones de Gestión. Parte de las mascarillas no cumplía la categoría FFP2 y, según la Guardia Civil, soportaba sobreprecios del 90%. Torres comunicó la resolución a Koldo García con un mensaje que ha pasado a la historia: Asunto resuelto. Abre el vino.
La última causa investiga los contratos con Eurofins Megalab, por 5,3 millones, para pruebas en aeropuertos. Según la UCO, Víctor de Aldama presentó el negocio a Torres. La empresa comenzó a operar en diciembre de 2020 sin contrato formalizado y antes de que el SCS dispusiera de su NIF.
Represalias contra la testigo
Tras conocerse que la crítica de arte había filtrado información a la prensa y denunciado ante la Fiscalía Europea, dos sociedades administradas por Jammal presentaron una denuncia contra ella por una supuesta estafa en la venta de una obra atribuida a Caravaggio. La denuncia, interpuesta por el propio Jammal, fue archivada en julio por falta de indicios. La investigación de la UCO no encontró el supuesto dinero en efectivo ni rastro de delito. La defensa de la asesora interpreta aquella actuación como una represalia por su colaboración con los investigadores.
La testigo asegura que empezó a sufrir presiones desde que comenzó a filtrar información: daños en las cerraduras de su domicilio, llamadas a familiares, advertencias en la calle, intentos de acceso a sus dispositivos y seguimientos denunciados ante la Policía. También una campaña dirigida a desacreditarla profesionalmente.
¿Qué pasará ahora con el caso Damco?
La Fiscalía Europea deberá determinar si los sobreprecios y las transferencias analizadas respondieron a servicios reales o encubrieron comisiones y desvíos de fondos comunitarios. La UDEF sigue los movimientos bancarios en Reino Unido y Sudáfrica para identificar a los titulares reales de las cuentas y el destino definitivo de los beneficios. Mientras tanto, la sombra de la mochila sigue planeando sobre el ministro, aunque por ahora solo sea eso: una sombra sin pruebas.