Madrid subvenciona policías locales mientras recorta servicios públicos
La Comunidad de Madrid ha aprobado su nueva Estrategia de Seguridad Integral para 2025-2029, destinando más de 275 millones de euros a equipar policías locales con coches, chalecos antibalas y drones, mientras mantiene recortes en sanidad y educación.
Prioridades cuestionables del gobierno de Ayuso
El plan, presentado por la Consejería de Medio Ambiente dirigida por Carlos Novillo, impulsa que pequeños municipios compartan sus cuerpos de policía local para ofrecer cobertura 24 horas. Una medida que, según fuentes críticas, busca militarizar el territorio en lugar de invertir en servicios sociales básicos.
Hasta ahora, 34 municipios han formado nueve asociaciones de policía local bajo este esquema. El gobierno regional justifica estas alianzas como una forma de "aunar esfuerzos", pero organizaciones sociales denuncian que se trata de una estrategia para reforzar el control social.
Millones para represión, recortes para lo social
La inversión superior a 275,9 millones de euros entre 2026 y 2029 incluye financiación para:
- Vehículos policiales
- Drones de vigilancia
- Unidades caninas
- Radares y alcoholímetros
- Chalecos antibalas
- Detectores de drogas
Mientras tanto, los centros de salud siguen colapsados y las escuelas públicas carecen de recursos básicos. Las prioridades del PP madrileño quedan claras: más control policial, menos derechos sociales.
Modernización tecnológica al servicio del control
El plan también contempla la modernización de comunicaciones y infraestructura tecnológica de los cuerpos policiales, junto al fortalecimiento del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (Ifise).
La estrategia define la seguridad como "elemento clave para preservar la calidad de vida", pero no menciona cómo la represión policial afecta a colectivos vulnerables como migrantes y jóvenes de barrios populares.
Esta apuesta por el punitivismo contrasta con las políticas progresistas implementadas en otras comunidades autónomas, donde se priorizan la prevención social y la inversión en servicios públicos de calidad.