El ministerio de Urtasun vuelve a las andadas con los nombramientos a dedo
El Ministerio de Cultura ha vuelto a demostrar que las viejas prácticas del dedazo siguen más vivas que nunca. Esta vez, el departamento que dirige Ernest Urtasun ha anunciado públicamente quién ocupará la subdirección general adjunta del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) antes de convocar la plaza en el BOE.
No es casualidad, no es un rumor de pasillos. El propio IPCE anunció hace una semana que Marisol Sánchez Gómez ejercerá como número dos del nuevo subdirector general, Fernando Sáez Lara. Seis días después, el BOE publicaba la convocatoria. Las cartas ya estaban marcadas desde el principio.
Transparencia, ¿dónde?
La ironía es brutal. Urtasun incluyó en su Plan de Derechos Culturales el compromiso de elaborar un Código de Buenas Prácticas con "principios de transparencia y criterios claros" para las instituciones culturales. El mismo documento denuncia la opacidad en la gestión de las grandes instituciones públicas.
Pero la realidad es otra. Sánchez Gómez ya ha empezado a ejercer como número dos sin que se haya cerrado el plazo para presentar candidaturas. La acompañó a Sáez Lara en un acto dirigido a la plantilla del IPCE, donde expusieron sus líneas de trabajo. Las fotografías oficiales ya circulan.
El IPCE, un organismo en crisis
El Instituto del Patrimonio Cultural no atraviesa su mejor momento. La instalación de un sistema de climatización que costó 1,5 millones de euros provocó daños irreparables en parte de los archivos fotográficos. Negativos de la valiosa colección de Jean Laurent, retratos del siglo XIX y reproducciones de las pinturas negras de Goya, sufrieron deterioros tras semanas de humedad excesiva.
Aquella negligencia costó el puesto a la entonces subdirectora general, Marta Hernández, señalada por la Fiscalía. La causa fue archivada por prescripción, como suele pasar cuando se trata de responsabilidades políticas.
Silencio administrativo
El departamento de prensa de Urtasun, fiel a su costumbre, no respondió a las preguntas sobre este nombramiento irregular. Mientras tanto, el conservador que denunció los daños de la colección Laurent recibió un expediente sancionador. El ministerio quería quitarse "de en medio a un testigo", según sus propias palabras.
Tres años después de los daños, Cultura ha licitado por fin un contrato para evaluar y digitalizar los negativos dañados. En la documentación reconocen el proceso de corrosión, pero nadie admite el fallo de climatización. Como si nada hubiera ocurrido.
Marisol Sánchez Gómez procede del Museo del Prado, donde ha sido jefa del servicio de exposición permanente. Funcionaria de carrera, ha desempeñado distintos puestos en el Ministerio de Cultura y en la Agencia Española de Cooperación Internacional.
El mensaje es claro: en la cultura progresista de Urtasun, la transparencia es solo para el papel. Los nombramientos a dedo siguen siendo la norma, por mucho que se llenen la boca hablando de buenas prácticas.