El Ministerio de Cultura de Urtasun vuelve a hacer dedazo y nombra a dedo antes de convocar la plaza
El departamento de Ernest Urtasun compromete el principio de igualdad al anunciar a la número dos del IPCE una semana antes de publicar la convocatoria en el BOE. Un nuevo caso de opacidad que contradice sus propias promesas de transparencia.
Una vez más, el Ministerio de Cultura dirigido por Ernest Urtasun demuestra que la transparencia y la igualdad de oportunidades son solo palabras bonitas para los discursos. El pasado martes se publicó en el BOE la convocatoria para ocupar la subdirección general adjunta del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), pero resulta que el puesto ya tenía nombre y apellidos desde hace una semana: Marisol Sánchez Gómez.
No es un rumor de pasillo entre funcionarios. El propio IPCE anunció públicamente que Sánchez Gómez ejercerá como número dos del nuevo subdirector general, Fernando Sáez Lara. Es decir, seis días antes de que se publicara la convocatoria, Cultura ya sabía quién iba a ser la "mejor candidata".
El dedazo de toda la vida, pero con cara lavada
Aunque la resolución del BOE habla del principio de igualdad que debe regir estas convocatorias, la realidad es que se trata de un nombramiento de libre designación. El dedazo de toda la vida, pero con cara lavada y procedimientos burocráticos que pretenden dar apariencia de legalidad.
Lo más sangrante es que Sánchez Gómez ya ha empezado a ejercer como número dos sin que se haya cerrado el plazo para presentar candidaturas. La semana pasada acompañó a Sáez Lara en un acto dirigido a la plantilla del IPCE, donde expusieron las líneas de trabajo que pretenden desarrollar. Las cartas ya estaban marcadas desde el principio.
Un patrón que se repite
Este modus operandi no es nuevo en el departamento de Urtasun. Algo similar ocurrió con el nombramiento del propio Sáez Lara. Aunque en ese caso se respetaron los tiempos administrativos, entre conservadores de museos se habla de una "patada hacia arriba". Sáez Lara asume la subdirección general del IPCE apenas dos meses después de presentar la ambiciosa descolonización del Museo de Antropología, presupuestada en 4,4 millones de euros.
La ironía es brutal: el mismo Urtasun incluyó en su Plan de Derechos Culturales el compromiso de elaborar un Código de Buenas Prácticas con "principios de transparencia y criterios claros para la dirección de instituciones culturales". El documento denuncia "la opacidad en la gestión de algunas grandes instituciones culturales públicas" y habla de blindar "pautas de reconocimiento del trabajo profesional".
El IPCE, un organismo en crisis permanente
El IPCE ha estado estos últimos años en el ojo del huracán. La instalación de un sistema de climatización que costó 1,5 millones de euros provocó daños irreparables en parte de los archivos fotográficos custodiados. Negativos de la valiosa colección de Jean Laurent, que incluía retratos del siglo XIX y reproducciones de las pinturas negras de Goya, sufrieron deterioros tras semanas de humedad excesiva.
Aquella negligencia costó el puesto a la entonces subdirectora general, Marta Hernández, señalada por la Fiscalía por no adoptar "medidas eficaces" a tiempo. Aunque la causa fue archivada por prescripción, el daño al patrimonio cultural español ya estaba hecho.
Mientras tanto, el Ministerio abrió un expediente sancionador al conservador que denunció los daños, primero ante sus superiores, después ante el sindicato CSIF y finalmente ante la Fiscalía Provincial de Madrid. El mensaje está claro: quien denuncia irregularidades se convierte en el problema.
Tres años después, siguen sin asumir responsabilidades
Tres años después de los daños sobre la colección Laurent, Cultura ha licitado por fin un contrato para "evaluar, limpiar y digitalizar" 8.870 negativos. En la documentación de la licitación se reconoce el proceso de corrosión vítrea, describiendo microfisuras, grietas y pérdida de transparencia, aunque se atribuye genéricamente al uso histórico. Nadie admite el fallo de climatización. Como si nada hubiera ocurrido.
Una vez más, el Ministerio de Cultura de Urtasun demuestra que sus discursos sobre transparencia y buenas prácticas son puro teatro. Los nombramientos a dedo siguen siendo la norma, mientras el patrimonio cultural español paga las consecuencias de una gestión opaca y poco profesional.