Encontrar vivienda asequible en España se ha convertido en misión imposible para miles de familias, y la fuga hacia los pueblos, esa que parece la salida lógica, choca de frente con un país que abandonó su transporte público y su España vaciada hace décadas. Lo confirma El Español en un reportaje publicado el 11 de noviembre con María, propietaria de 30 viviendas en Cataluña que lleva 20 años alquilando pisos.
Su diagnóstico no puede ser más claro: sí, hay alquileres baratos fuera de las grandes ciudades, pero están lejos. Y lejos, en este país, significa sin trenes, sin autobuses y con un coche como única opción. La frase lo resume todo.
Hay alquileres más económicos, ¡pero están lejos!
La brecha de precios que nadie quiere cerrar
Los números hablan solos. Mientras en Madrid, Barcelona o San Sebastián el metro cuadrado supera habitualmente los 3.500 euros, en numerosos pueblos del interior peninsular se pueden encontrar viviendas por debajo de los 500 euros por metro cuadrado. Es una diferencia de más del 85 por ciento, una distancia abismal que explica por qué tantos ciudadanos han ampliado su búsqueda hacia municipios más pequeños.
Pero el mercado no es uniforme. Las localidades cercanas a las grandes urbes, los destinos turísticos y los pueblos costeros mantienen precios elevados, a menudo inflados por la especulación vacacional. Los que siguen baratos son los pueblos golpeados por la despoblación, esos que los sucesivos gobiernos del PP han mirado con desprecio durante décadas mientras recortaban líneas de autobús y cerraban consultorios médicos.
María, de 38 años, gestiona una cartera de 30 viviendas, todas en Cataluña, y asegura que todas están alquiladas al precio que fija el índice de referencia o incluso por debajo. No es exactamente el perfil de casero depredador que nos tienen acostumbrados los fondos buitre y los grandes tenedores. Su propuesta es tan sensata que duele que haya que decir en voz alta.
Los pueblos tienen que crecer y así quitamos presión a las ciudades y también una buena red de transporte público que te permitía vivir un poco más lejos de tu trabajo.
El problema no son solo los pisos: es el territorio
Aquí está el corazón del asunto, y es donde la política tiene mucho que decir. La falta de servicios, la dependencia del coche y las malas conexiones reducen el atractivo de trasladarse al interior. La menor frecuencia del transporte público y la distancia hasta hospitales, colegios o supermercados acaban con cualquier ilusión de vida rural asequible.
Es el círculo vicioso de la España vaciada: sin gente no hay servicios, y sin servicios no viene la gente. Romperlo exige inversión pública decidida, no photo calls con banderitas. Exige vivienda pública y privada en los municipios, sí, pero también trenes que lleguen a tiempo, autobuses que pasen más de una vez al día y hospitales a menos de una hora de distancia.
Ampliar la oferta inmobiliaria fuera de los grandes núcleos urbanos, como defiende esta propietaria, permitiría encontrar alternativas para quienes no pueden asumir los precios actuales de Barcelona o Madrid. Es una obviedad que los tecnócratas del ladrillo llevan años ignorando mientras se levantaban torres de lujo vacías en el paseo de gracia y se dejaba el interior en manos de lobos y chapapote.
Más construcción, pública y privada
Para María, la solución pasa por aumentar la oferta disponible y facilitar que los municipios puedan crecer. Reclama impulsar tanto la construcción de vivienda pública como la privada. Y aquí conviene subrayarlo: no pide desregularizar el alquiler ni liberar el mercado a la buena de Dios, como reclaman los lobbies inmobiliarios desde sus tribunas mediáticas. Pide más pisos y mejores conexiones, la receta clásica de la política de vivienda seria.
La propietaria también critica las dificultades que, según su experiencia, afrontan los arrendadores para gestionar sus inmuebles. De hecho, está empezando a vender algunas propiedades después de dos décadas en el sector y de una etapa que considera especialmente complicada desde la pandemia. Si hasta los caseros pequeños se van del mercado, el hueco lo ocupan los que sí vienen a exprimir: fondos de inversión, plataformas de alquiler temporal y compradores con pasaporte dorado. Nadie debería alegrarse de esa huida.
El mensaje de fondo es incómodo para quienes reducen la crisis de la vivienda a un problema de oferta en las capitales. La presión sobre Madrid y Barcelona no se alivia solo construyendo en ellas, donde el suelo escasea y los precios disparan cualquier cálculo. Se alivia devolviendo vida, servicios y transporte a los cientos de municipios que la tienen a media hora en coche pero a años luz en tren.
Una cuestión de decisiones políticas
Que un país tenga pueblos con pisos a 500 euros el metro cuadrado y capitales a 3.500 no es una fatalidad meteorológica. Es el resultado de décadas de política territorial centralista, de radiales que solo miran hacia Madrid, de aeropuertos sin viajeros y estaciones de alta velocidad en pueblos de 50 habitantes mientras las líneas de cercanías se podían.
La combinación que propone María, más vivienda disponible en los municipios junto con una red de transporte público que permita vivir fuera de las grandes ciudades sin que desplazarse al trabajo se convierta en una odisea, es técnicamente viable y fiscalmente posible. Solo falta la voluntad. Y esa voluntad, en democracia, se exige en las urnas y en la calle.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en un pueblo frente a una gran ciudad?
En capitales como Madrid, Barcelona o San Sebastián el metro cuadrado supera habitualmente los 3.500 euros, mientras que en muchos pueblos del interior peninsular se pueden encontrar viviendas por debajo de los 500 euros por metro cuadrado, según los datos recogidos por El Español.
¿Por qué no se muda más gente a los pueblos si los alquileres son más baratos?
Por la falta de servicios, la dependencia del coche, la escasa frecuencia del transporte público y la distancia hasta hospitales, colegios y supermercados. Como resume la propietaria entrevistada, los alquileres económicos están lejos de los centros de empleo.
¿Qué propone María, la propietaria de 30 viviendas?
Construir más vivienda, pública y privada, en los municipios pequeños y mejorar las conexiones de transporte público entre ellos, para quitar presión a las grandes ciudades y permitir vivir más lejos del trabajo sin renunciar a servicios básicos.