El Ayuntamiento de Mogán pagó 14.999 euros al bufete madrileño Cremades & Calvo-Sotelo por el dictamen externo que el gobierno de Onalia Bueno presenta como aval jurídico para recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que anuló su tasa turística de 15 céntimos por persona y noche. Así lo ha revelado eldiario.es, que ha tenido acceso a la documentación de la contratación.
La cifra no es casual. Está a un solo euro del umbral de 15.000 euros que la Ley de Contratos del Sector Público fija como tope para adjudicar contratos de servicios a dedo, sin concurso público ni procedimiento negociado. Un euro menos y todo queda en familia. Un euro más y habría que abrir la caja transparente. El patrón, además, no es nuevo en el Consistorio sureño.
Un contrato menor, una empresa pública y mucha prisa
La contratación se canalizó a través de la empresa pública Mogán Gestión Municipal (Gestiona), la sociedad de capital íntegramente municipal que gestiona la recaudación y la asesoría jurídica tributaria del Ayuntamiento. Su director general es Eduardo Álamo Perera, el mismo abogado que presentó junto a Bueno la tasa turística en diciembre de 2024 y que ha registrado ante Interior las marcas con las que la alcaldesa quiere presentarse a las elecciones de mayo de 2027.
Según la documentación consultada por eldiario.es, seis días después de que el 14 de julio Bueno y Álamo anunciaran en rueda de prensa que recurrirían la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), una técnica de los servicios jurídicos de Gestiona firmó un informe para justificar la contratación de un dictamen sobre la viabilidad del recurso de casación. La motivación del órgano contratante es de una elegancia minimalista: la singularidad del objeto del contrato, sin explicar cuál es esa singularidad.
Con esa fórmula, Gestiona adjudicó el trabajo al despacho presidido por Javier Cremades por 14.999 euros, con veinte días de ejecución y pago a 30 días. El dictamen está fechado en Madrid el 24 de septiembre, pero lleva la firma electrónica de Cremades del 26 de octubre, días antes de que la alcaldesa llevara el asunto por la vía de urgencia a la Junta de Gobierno local, que aprobó el 4 de noviembre remitir el caso al Supremo, como han recogido Canarias7 y La Provincia.
Qué dice el dictamen de Cremades & Calvo-Sotelo
El informe tiene 26 páginas, aunque solo una docena se dedican al análisis aplicado a la sentencia canaria. De las 23 páginas de contenido, unas diez explican el régimen general de la casación y sus requisitos de admisión. Material que cualquier estudiante de cuarto de Derecho tiene en sus apuntes.
El bufete sostiene que concurren tres supuestos de interés casacional: la resolución anula una disposición de carácter general, el Supremo nunca se ha pronunciado sobre una tasa turística municipal y la doctrina que fije afectaría a un número creciente de ayuntamientos. Por eso, dice el texto, un pronunciamiento de la Sala Tercera no solo sería conveniente, sino necesario.
Aun así, el dictamen apela a la prudencia. Reconoce que el recurso, debidamente formulado, podría ser admitido, pero admite también que el alto tribunal tiene una facultad de selección casi discrecional, y que por tanto es difícil que pase el filtro. No valora las costas que podría pagar el Ayuntamiento si fracasa. El TSJC ya le impuso hasta 3.000 euros.
Sobre esa base tibia, tanto la asesoría jurídica de Gestiona como la del Ayuntamiento elaboraron informes propios aún más entusiastas. El primero habla de una valoración positiva sobre la conveniencia del recurso. El segundo, directamente, sostiene que las conclusiones del bufete revelan una sólida viabilidad casacional. Del podría ser admitido a la sólida viabilidad en dos pasos, sin que nadie explique qué ha cambiado.
Un patrón que se repite: de Choclán a Cremades
La adjudicación a Cremades & Calvo-Sotelo, un despacho que cuenta entre sus socios con exmagistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, el mismo órgano que decidirá si admite el recurso, consolida una práctica habitual del equipo de Bueno: recurrir a grandes bufetes madrileños para asuntos de alto impacto judicial, siempre por la vía del contrato menor.
El Ayuntamiento ya pagó 15.000 euros al letrado José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional y abogado de la alcaldesa en sus causas penales, para intentar que la administración no pagara de forma subsidiaria la indemnización a un vendedor ambulante senegalés torturado por dos policías locales. Sí, han leído bien.
En este mandato también abonó 17.000 euros al despacho Montero Aramburu para que el magistrado emérito del Supremo Rafael Fernández Valverde elaborara dos informes sobre las causas penales que investigan a Bueno. Una de esas causas trata, precisamente, de la adjudicación de contratos menores a dos productoras audiovisuales administradas por dos hermanos.
Qué pasa ahora con la tasa turística
Hasta que el TSJC la anuló el pasado verano, la tasa recaudó 1,4 millones de euros que permanecen congelados hasta que la sentencia sea firme. Bueno ha insistido, como recoge Cadena SER, en que el tributo seguirá cobrándese mientras dura el proceso.
El plazo de 30 días hábiles para recurrir sigue en suspenso. No empezará a contar hasta que el tribunal canario resuelva el complemento de sentencia solicitado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pagó Mogán por el dictamen jurídico?
14.999 euros, a un euro del tope legal de los contratos menores, lo que permitió la adjudicación directa sin concurso público.
¿Quién avala el recurso ante el Supremo?
El bufete madrileño Cremades & Calvo-Sotelo, que firma el dictamen que el Ayuntamiento presenta como respaldo jurídico de la casación.
¿Sigue cobrándose la tasa turística en Mogán?
Sí. El Ayuntamiento mantiene el cobro mientras la sentencia del TSJC no sea firme y los 1,4 millones recaudados siguen congelados.